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Por  José María Tojeira

Las bebidas alcohólicas son sin duda un objeto comercial; el agua no. Pero a algunos de nuestros diputados, por alguna razón desconocida, les cuesta diferenciar entre el alcohol y el agua. Poner un bien público bajo control privado es de esas estupideces que se pagan con el tiempo. Primero, porque es un grave error ético. Si dejamos que bienes públicos pasen al control del interés privado, nadie se debe extrañar que haya ladrones. Porque en realidad son los políticos, como administradores del Estado, los que le están quitando la propiedad de un bien público a la gente. Y cuando estamos liderados por gente que roba, no es difícil que un porcentaje de la población se convenza de que lo mejor es robar para sobrevivir. Si condenamos a las maras, también habrá que hacerlo con los diputados que impulsen el dominio privado sobre un bien público. No son muy diferentes. Los legisladores incluso se pelean el control del territorio cuando pretenden eliminar juntas de agua rurales o urbanas, e incluso excluir a la población del cuidado de las cuencas hidrográficas.

La Conferencia Episcopal de El Salvador, se pronunció en contra de la privatización del agua, propuesta por la Ley impulsada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y respaldada por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa.

El gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén destinó cerca de la mitad del presupuesto total a la inversión social, y redujo la pobreza cerca de 10 puntos porcentuales.

En días recientes la Comisión de Medioambiente  y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa decidió archivar todos los expedientes que contienen piezas de correspondencia sobre la minera metálica, declarando que éste es un "tema cerrado" debido a que ya existe una Ley que la prohíbe de forma definitiva.

Hugo Martínez, ex canciller del El Salvador es el candidato a la presidencia por el FMLN para las elecciones del 3 de febrero del 2019.

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