Radio Victoria, 30 años. "Defendiendo el territorio y la comunicación comunitaria"

Este 1o. de junio de 2021 se cumplieron dos años la gestión presidencial de Nayib Bukele, la cual está marcada por graves retrocesos en institucionalidad democrática, falta de transparencia y rendición de cuentas y vulneraciones a derechos humanos, entre éstos los relacionados con la comunicación. A continuación señalamos los problemas del ámbito comunicacional que se han agravado en el segundo año del actual gobierno:

Falta de acceso a información pública y desmantelamiento del IAIP:

El gobierno ha violentado sistemáticamente la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y ha tomado el control del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) con el nombramiento de los comisionados Ricardo Gómez, Luis Suárez y Roxana Soriano, obedientes a Casa Presidencial. La falta de acceso a información violenta el ejercicio de otros derechos ciudadanos, afecta el rol de periodismo crítico, impide la rendición de cuentas y promueve la corrupción.

Descalificaciones y ataques digitales contra periodistas y medios críticos:

Desde el Ejecutivo se descalifica y estigmatiza a periodistas y medios críticos, especialmente a los que revelan casos de corrupción, denuncian arbitrariedades y retoman críticas de la comunidad internacional. Este tipo de vejaciones también las sufren ciudadanos/as que disienten del discurso único oficial que busca imponerse como verdad absoluta en el imaginario colectivo.

Consolidación de un aparato propagandístico financiado con dinero público:

La administración Bukele ha consolidado un enorme aparato propagandístico pagado con fondos públicos, el cual incluye a la radio y televisión nacional, un periódico impreso, medios privados bajo control del Consejo de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (CONAB), televisoras y radios comerciales cooptadas por la publicidad oficial, periódicos digitales y el uso intensivo de redes sociales, sobre todo Tuitter y Facebook.

La pauta publicitaria utilizada como “premio o castigo” hacia los medios:

La asignación de la publicidad estatal se concentra en los medios de comunicación afines al gobierno, como “premio” por su condescendencia y perspectiva acrítica sobre la gestión gubernamental; mientras se excluye, como “castigo”, a radios comunitarias, medios independientes y otros que no se alinean a la omnipresente narrativa oficial.

Cierre de medios comunitarios:

Tres radios comunitarias fueron cerradas en febrero de este año, con el argumento de que “no tienen autorización”. En la resolución, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) amenazaba con una multa de casi medio millón de dólares ($454,000) a cada radio si continuaba transmitiendo. Es condenable que, con la excusa de “aplicar la ley” y “ordenar el espectro radioeléctrico”, se cierren medios de las comunidades. S

 

 

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