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#EditorialARPAS

Los problemas de un país desaparecen resolviéndolos, no ocultándolos o escondiéndolos como “polvo bajo la alfombra”. Cualquier problema, sea violencia, pobreza, corrupción o daño ambiental, requiere políticas públicas efectivas para eliminarlo o -al menos- reducirlo o mitigarlo.

Esta premisa, sin embargo, parece no entrar en las lógicas del actual gobierno, que se empeña en ocultar los problemas o desviarlos de la atención ciudadana con propaganda, golpes mediáticos y falsas soluciones.

Esto se observa claramente en el abordaje de la violencia de las pandillas, que se basa en un pacto oscuro con las maras que fue revelado por el periodismo investigativo, un publicitado pero desconocido “Plan Control Territorial” y actualmente un estado de excepción para supuestamente combatir con “más herramientas legales” a las maras tras la brutal subida de los asesinatos a finales del mes pasado.

En este contexto, la bancada oficialista aprobó, la semana pasada, modificaciones al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas que criminalizan expresiones que -en la ambigüedad de las reformas y arbitrariedad de quienes la apliquen- constituyan apología de las maras o generen zozobra en la población.

El objetivo político de dicha reforma sería evitar que el periodismo informe sobre el accionar de las pandillas y amedrentar -especialmente- a periodistas y medios investigativos que han descubierto las negociaciones que gobiernos anteriores y el actual  han entablado con estos grupos criminales.

Esto representa, por tanto, censura y persecución contra la prensa, tal como han denunciado la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Mesa de Protección a Periodistas y varias instancias de la Comunidad Internacional. Ojalá que por el bien del país, el gobierno y sus diputados retrocedan en tan nefasta medida.

Y, volviendo a la perspectiva inicial, ojalá que el Ejecutivo también renuncie a la falaz e insostenible estrategia de ocultar los problemas, en vez de asumirlos y resolverlos. En tal sentido, es válido recordar por enésima vez que -en relación a la violencia de las maras- la solución pasa por implementar verdaderas políticas de seguridad pública que combinen eficazmente acciones de persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación de delincuentes y atención a las víctimas.

El presidente Nayib Bukele todavía está a tiempo de rectificar; y para hacerlo tiene a su disposición la institucionalidad estatal y el respaldo social. Así que bien haría en utilizar ambas cosas para resolver los problemas estructurales del país y no para avanzar temerariamente hacia la consolidación de un régimen autoritario y dictatorial.

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