Radio Victoria, 30 años. "Defendiendo el territorio y la comunicación comunitaria"

 

Por Leonel Herrera*

*Periodista y activista social.

El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque ha pasado a vista pública el “Caso Santa Marta” y manda a juicio a los cinco defensores ambientales. Así se impuso la injusticia, la cobardía y los intereses extractivistas.

En El Salvador se tuvieron logros  significativos sobre el  derecho humano  a la comunicación  antes de la  llega del presidente NayibBukele al poder , como la  reforma  a  ley de Telecomunicaciones el 5 de mayo de 2016, donde se dio  reconocimiento a  los medios comunitarios, un logro que fue  posible  después de años de lucha histórica de las radios comunitarias y las organizaciones sociales  que con determinación promovieron y acompañaron este esfuerzo, es importante también resaltar que  cinco  años después las radios comunitarias para reivindicar este alcance  histórico declararon simbólicamente el 5 de mayo como ”Día Nacional  de los Medios Comunitarios” Para conmemorar y auto nombrar esta fecha  y  el  compromiso del  estado salvadoreño con los medios  comunitarios. Pero, es importante señalar que en la actualidad,  son enormes los retrocesos   en materia del  derecho humanos  a la comunicación  en el país,  lo primero es, que, lo aprobado de la reforma no se ha implementado, además de un contexto hostil hacia la libertad de expresión, la ley de acceso a la información no se cumple, hay  un cierre total a la información pública, persecución a la prensa critica, al periodismo alternativo a los medios independientes que no se alinean con la estrategia propagandística gubernamental, acompañado de  un discurso de odio que domina el debate público, las últimas reformas a la ley de telecomunicaciones  y a la ley de escuchas telefónicas prácticamente legaliza  el espionaje, las reformas mordaza que se han aprobado en el marco del estado de excepción,  por ejemplo,  la reformas que se hicieron a la ley  de preinscripción de pandillas y al código penal,  donde, se establece como delito  sancionado entre 10 a 15 años de cárcel al periodista  o medio  que publiquen información sobre las  pandillas , es clarísima una ley mordaza y estos son retrocesos enormes.

Representantes de la Asociación ADES y la Comunidad Santa Marta, informaron sobre el traslados de los líderes comunitarios a su casas de habitación y anuncian acciones para lograr la absolución total.
 #30Años
 Defendiendo el territorio y la comunicación comunitaria!!
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