Una nueva resolución judicial confirma la inocencia de nuestros compañeros líderes comunitarios y activistas ambientales de Cabañas. Esta vez, la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente rechazó la pretensión fiscal de revertir el fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de San Vicente, emitido el 24 de septiembre de 2025.
En su apelación presentada el pasado 13 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitaba anular el fallo absolutorio y repetir nuevamente el juicio en otro tribunal. Es decir, la representación fiscal solicitaba realizar un tercer juicio contra los líderes comunitarios de Santa Marta.
Sin embargo, en su resolución notificada el pasado 7 de mayo, la Cámara Penal de San Vicente rechazó la apelación porque no cumplió los requisitos básicos para ser admitida. La Cámara encontró que Fiscalía tenía meras “inconformidades” con el fallo absolutorio, y no argumentos reales para pedir su anulación.
La Cámara también rechazó la petición de anular la condena civil en abstracto, que el Juzgado de Sentencia de San Vicente impuso contra algunos de los imputados a pesar de haberlos absuelto penalmente. La Cámara consideró que las razones “no fueron suficientemente argumentadas”.
La ratificación de la absolución de los ambientalistas es otra confirmación de su total inocencia. En la práctica, confirma que la acusación falsa montada contra ellos fue una acción de persecución contra el activismo ambiental y una criminalización que buscaba desmantelar la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros.
El tiempo y los hechos han demostrado que la detención de los ambientalistas fue una represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de revertir la prohibición de la minería metálica y reactivar esta nociva industria extractiva. La veracidad de dicha denuncia se demostró con el anuncio presidencial sobre minería y la nueva Ley General de Minería Metálica el 23 de diciembre de 2024, aprobada en un clásico madrugón legislativo”: sin debate, sin consultar a los expertos y contra la opinión de la mayoría de población salvadoreña que se opone a la minería.
La comunidad Santa Marta y las centenares de organizaciones nacionales e internacionales que han acompañado la lucha por la libertad de los defensores ambientales esperamos que la resolución de la Cámara ponga fin al obsesivo propósito fiscal de condenar sin pruebas y sin ninguna razón legal a nuestros compañeros. El sistema judicial y el Estado en su conjunto deben estar en función de proteger el medioambiente, en vez de propiciar su destrucción y perseguir a quienes lo defienden.
Por eso las comunidades y organizaciones aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro llamado a cuidar el agua, los ecosistemas, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones, gravemente amenazadas por la reactivación de la explotación minera. En tal sentido, exigimos la derogación inmediata de la actual Ley de Minería y la anulación del “Acuerdo de Comercio Recíproco” con Estados Unidos que facilita la llegada de empresas mineras a nuestro país.
También, mientras celebramos la confirmación de la absolución de los ambientalistas, alzamos de nuevo nuestra voz por la libertad de todos los perseguidos por denunciar injusticias y defender derechos humanos: Ruth López, Enrique Anaya, Eugenio Chicas, Fidel Zavala, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, el sindicalista Giovanni Aguirre y demás presos políticos. En el caso de Eugenio Chicas, no descartamos que ser testigo de la defensa de los ambientalistas también sea motivo de su persecución judicial.
Finalmente, pedimos a todas las personas, organizaciones e instituciones, dentro y fuera del país, que nos sigan acompañando hasta que la sentencia absolutoria de los activistas ambientales sea firme y hasta que los demás presos políticos sean liberados.
¡Sí a la Vida, No a la minería!
¡Libertad para todas y todos los presos políticos de El Salvador!
San Salvador, 12 de mayo de 2026.