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Por  José María Tojeira

Las bebidas alcohólicas son sin duda un objeto comercial; el agua no. Pero a algunos de nuestros diputados, por alguna razón desconocida, les cuesta diferenciar entre el alcohol y el agua. Poner un bien público bajo control privado es de esas estupideces que se pagan con el tiempo. Primero, porque es un grave error ético. Si dejamos que bienes públicos pasen al control del interés privado, nadie se debe extrañar que haya ladrones. Porque en realidad son los políticos, como administradores del Estado, los que le están quitando la propiedad de un bien público a la gente. Y cuando estamos liderados por gente que roba, no es difícil que un porcentaje de la población se convenza de que lo mejor es robar para sobrevivir. Si condenamos a las maras, también habrá que hacerlo con los diputados que impulsen el dominio privado sobre un bien público. No son muy diferentes. Los legisladores incluso se pelean el control del territorio cuando pretenden eliminar juntas de agua rurales o urbanas, e incluso excluir a la población del cuidado de las cuencas hidrográficas.

Hay en El Salvador diversas propuestas de ley sobre el agua. De momento, no hay una dirección central, respaldada legalmente, que vigile, supervise y proteja el agua en su conjunto; y urge tener esa dirección centralizada si queremos enfrentar el problema de la creciente dificultad para ofrecer a toda la población agua para consumo personal y para saneamiento. Sin embargo, las opciones para la elaboración de una ley de aguas son contrapuestas. Por un lado, la ANEP y la sociedad de regantes han propuesto una normativa en la que la empresa privada lograría fácilmente la mayoría de la dirección del ente regulador. A esa propuesta le llaman Ley Integral del Agua. Por otro lado, la Iglesia católica, con el apoyo de la UCA, ha propuesto una Ley General de Aguas, en la que el control del ente regulador es estatal, aunque tenga que consultar algunas cosas con empresarios, regantes, población que tiene sus propios proyectos de agua o que supervisan cuencas hidrográficas. Los diputados han preferido trabajar con la ley propuesta por la ANEP.

Como decíamos al principio, el agua no es un bien comercial. Dejar el control de su uso en manos de quienes tienen intereses económicos y comerciales en torno a ella es exponernos a una catástrofe. Por un lado, conocemos el estilo depredador de algunos empresarios, los excesos de algunas empresas en el uso de ríos, como el de Nejapa, explotado al servicio de la Coca Cola. Por otro, vemos la contaminación creciente de nuestros ríos y el descenso en el nivel de la capa freática (acuíferos subterráneos de baja profundidad). La Cepal, el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), las investigaciones de diversas universidades advierten de la cercanía de lo que se llama estrés hídrico, una situación en la que la demanda poblacional de agua para consumo y saneamiento supera a la oferta existente. De hecho, ya existe un porcentaje de salvadoreños —difícil de calcular pero real— que no tiene acceso a agua sana para consumo y que tiene dificultades en encontrar suficiente para saneamiento.

En este contexto, es peligroso e irracional darle el control de la política sobre acuíferos y ríos a quienes piensan más en los beneficios económicos e industriales del uso del agua. Un bien público que se está volviendo escaso debe ser administrado por el Estado, dándole prioridad a lo que es imprescindible y prioritario: el consumo humano y el saneamiento. No se debe excluir nunca la consulta, ni a la población que cuida el agua en los pueblos o comunidades, ni a los empresarios. Pero el control debe ser estatal para que se pueda garantizar lo que en definitiva es un derecho humano. El papa Francisco dice en su carta encíclica Laudato si que "el agua es un recurso escaso e indispensable y es un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos". Una realidad que en El Salvador se vuelve elemental. Por eso, estos diputados, que aparentemente no distinguen entre el alcohol y el agua, deberían preocuparse, incluso antes de aprobar la ley, por poner el agua en la Constitución de la República como un derecho fundamental de todas y todos los salvadoreños.

 

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