Radio Victoria 25 años en comunidad, cultivando vidas y esperanzas

Por Radio Bálsamo

Una de las causas fundamentales de la hegemonía que la derecha oligárquica salvadoreña mantiene, a pesar de haber perdido el control del Ejecutivo en 2009, es la vigencia de un modelo de medios antidemocrático funcional a los intereses de las élites empresariales y políticas, que imponen su dominio ideológico-cultural. A pesar de los avances de los últimos años, la falta de un esquema de medios democrático construido en clave contra-hegemónica es uno de los principales obstáculos para la consolidación de un proyecto de cambios estructurales, aun cuando gobierna un partido de izquierda.

El modelo mediático vigente tiene dos características centrales. La primera es la concentración oligopólica de la propiedad mediática en grupos radiales y televisivos que controlan la mayoría de frecuencias radioeléctricas. La propiedad de estos grupos, además, está en manos de los hombres.  La segunda característica es el funcionamiento de estos medios según lo que Noam Chomsky llama “modelo de propaganda”.

La televisión

En el ámbito televisivo existe un dominio casi absoluto de Telecorporación Salvadoreña (TCS), del empresario de origen judío Boris Eserski, que, según estudios  de la Superintendencia de Competencia, controla el 37 por ciento del espectro, el 70 por ciento de audiencia, el 85 por ciento de la publicidad en televisión abierta y derechos de transmisión de contenidos de entretenimiento (películas, telenovelas, eventos deportivos, “reality shows”, etc.)

Eserski cuenta, además, con empresas de cable, editoras de revistas y agencias publicitarias. Participa en el negocio del cine asociado con la cadena estadounidense Cinemark. También participa en una amplia gama de empresas como Cementos de El Salvador (CESSA), absorbida por la suiza Holcim, Molinos de El Salvador (MOLSA), Bodegas Generales de Depósitos de El Salvador (BODESA) o AFP Confía, entre otras.

Completan el mapa televisivo, muy por debajo de TCS, los grupos Red Salvadoreña de Medios (RSM), del magnate mexicano Ángel González,  y el Grupo Megavisión, del salvadoreño Antonio Safie.  A estos se agregan algunos canales religiosos de iglesias católicas y evangélicas, un único canal privado cercano a la izquierda gobernante y  un canal estatal. No existen canales comunitarios en televisión abierta.

La radio

En radio dominan cinco grupos empresariales que controlan (según información oficial de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET) el 92 por ciento de las frecuencias. Son los grupos SAMIX, del ex presidente de la república Antonio Saca (condenado a diez años de prisión por actos de corrupción y a la devolución de cerca de 300 millones de dólares malversados entre 2004 al 2009, con el último gobierno de derechas de ARENA); Corporación FM, de José Luis Saca (tío del ex presidente); Corporación KL, del empresario Manuel Flores; Radio Stereo, de Carlos Monterrosa; y Megavisión, de Antonio Safie.

Completan el ámbito radial varias emisoras católicas y evangélicas, una estatal, una de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), una privada afín a la izquierda gobernante y la red de radios comunitarias aglutinadas en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que funcionan en una misma frecuencia.

Medios impresos y digitales

A los oligopolios del espectro audiovisual de radio y televisión se suma la concentración de los medios escritos donde, prácticamente, impera un duopolio formado por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, de los grupos  Dutriz y Altamirano, respectivamente, cuya línea editorial y política informativa se identifican claramente con la derecha oligárquica.

Donde se genera un nivel importante de pluralidad es en los medios digitales, aunque muy pocos han logrado posicionarse (El Faro, La Página, Contrapunto, El Blog).

El modelo de propaganda

 Como decíamos, los grupos televisivos y radiales que dominan el espectro están vinculados al principal partido opositor ARENA, que defiende los intereses de los sectores más pudientes del país. En Los guardianes de la libertad (1990), Noam Chomsky sostiene que, en el “modelo de propaganda”, los medios corporativos no se apegan a los principios democráticos que legitiman su existencia en las sociedades contemporáneas ni a la función de proporcionar información relevante con independencia de intereses privados o estatales, sino que, por el contrario, se alejan de la premisa de buscar la verdad y reflejan la percepción de mundo que los grupos de poder quieren difundir, aprovechando su capacidad para fijar el discurso y decidir qué es lo que el público debe ver, oír y pensar.

Afirma Chomsky que la producción y circulación de información está condicionada por el hecho que los grandes medios son mega negocios controlados por personas poderosas, que a su vez tienen intereses compartidos con otras empresas, entidades financieras e instituciones estatales. Por tanto, los directivos y personal de los medios se ven sometidos a las condiciones que imponen sus propietarios para no afectar sus intereses corporativos.

El autor estadounidense también señala que la publicidad es el mecanismo para generar, aumentar y mantener el consumo de bienes y servicios, así como la aceptación de ideas y pautas sociales, con lo cual se legitiman valores y anti valores, estereotipos y creencias congruentes con el consumo y el modo de organizar las relaciones sociales normalizando incluso sus contradicciones más aberrantes. Al ser la publicidad el mecanismo de mercado por el cual los medios obtienen sus ganancias, su programación se adecúa al interés de las audiencias pero con el cuidado de no molestar a los anunciantes; por tanto, todo contenido crítico que ponga en peligro los ingresos por publicidad es suprimido mediante una operación sistemática de autocensura.

Este modelo de medios concentrado y funcional a la derecha oligárquica tiene graves implicaciones para el pluralismo y la diversidad, especialmente por la marginación de los medios comunitarios y públicos que no han logrado acceso al espectro radioeléctrico. Los grandes grupos mediáticos han logrado impedir políticas públicas que democraticen la comunicación y han sido canales para legitimar el modelo neoliberal y sus privatizaciones de servicios públicos, liberalización y desregulación del comercio, dolarización de la economía, etc.

Queremos subrayar también el sexismo existente en todas las dimensiones, procesos y estructuras de producción y difusión de la información: en el control y propiedad de los medios, en el ámbito sociocultural, en ejercicios supranacionales y locales, en la presión publicitaria, en la organización jerárquica de la redacción, en la creación del discurso, en la tematización de la realidad, en la fiabilidad de las fuentes informativas y en la construcción del público. Los medios, como constructores de la realidad y las ideologías, son empleados también en El Salvador como un instrumento ideológico para reproducir los patrones patriarcales y la violencia contra las mujeres.

La Ley de Telecomunicaciones de 1998

Este modelo mediático ha sido sustentado por una normativa que regulaba hasta el pasado 6 de mayo de 2016 el  espectro radioeléctrico. La Ley de Telecomunicaciones fue aprobada en 1998, en el marco de la consolidación del modelo neoliberal y la profundización de las privatizaciones. Esta ley no reconocía la comunicación como derecho, sino como un negocio, ni definía el espectro radioeléctrico como un bien público, sino como un recurso de explotación comercial. Por eso establecía la subasta al mayor postor como único mecanismo para asignar las frecuencias, definía las concesiones como bienes privados cuyos derechos de explotación podían ser transferidos (vendidos, alquilados, etc.), prorrogaba las concesiones automáticamente por períodos de 20 años y no establecía límites antimonopólicos.

Su aplicación significó la institucionalización del modelo mediático pro oligárquico, así como exclusión de los medios comunitarios y públicos que no fueron reconocidos en el texto de la ley.

El Informe Regional sobre Marcos Regulatorios de Radiodifusión en Centroamérica (2005), de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), determinó que en la región centroamericana las radios comunitarias no eran reconocidas legalmente ni integradas en las agendas nacionales. Y esto no es por ignorancia de la clase política, sino por una clara postura de marginación de los esfuerzos de democratización de la palabra. Como consecuencia, no existen políticas públicas ni medidas legislativas que promuevan el funcionamiento de los medios alternativos.

La Ley de Telecomunicaciones salvadoreña estaba obsoleta, caducada y no se correspondía con las nuevas realidades tecnológicas del ámbito info-comunicacional ni con los estándares internacionales de libertad de expresión, medios y derecho a la comunicación.

Alternativas
desde el movimiento social

El movimiento social en El Salvador prácticamente fue diezmado por la represión y la guerra de los años ochenta, así como todo el tejido comunitario. En los noventa, después de los Acuerdos de Paz (1992), tuvo difícil recobrar fuerzas por las privatizaciones, que liquidaron fuertes sindicatos públicos, y el daño al agro, que afectó al movimiento campesino y provocó una fuerte emigración, sobre todo hacia Estados Unidos.

En El Salvador, en el marco de la lucha en contra del TLC, del Plan Puebla Panamá y del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se dieron varias articulaciones de organizaciones sociales y comunidades. Aunque el TLC se firmó en El Salvador y otros tres países de Centroamérica, la lucha contra el mismo generó un movimiento social que, pese a sus debilidades y limitaciones, está mejor articulado nacional y regionalmente, con más experiencias y mejor conocimiento de sus capacidades, vacíos y limitaciones.

El movimiento social (organizaciones comunitarias, sindicales, cooperativas, barriales, de maestras y maestros, de mujeres, de comerciantes informales) había estado básicamente articulado en varios bloques, con distintos pesos organizativos e incidencia política. Son protagonistas por su trayectoria y gestación dos expresiones del movimiento social: el movimiento feminista y los medios de comunicación comunitarios.

Durante cerca de 30 años, las radios comunitarias han aportado significativamente a la expresión y participación de las comunidades, a los procesos de desarrollo social integral y a colocar en el debate  público temas sistemáticamente excluidos por la  agenda mediática hegemónica. En el contexto y perspectivas democratizadoras resultantes de los Acuerdos de Paz entre la ex guerrilla del FMLN y el gobierno, firmados en enero de 1992, varias radios surgieron en el seno de comunidades, principalmente repoblaciones (comunidades que durante la guerra se refugiaron en Honduras). Entre estas se encuentran: Radio Sumpul, en Guarjila, Chalatenango; Radio Izcanal, en Nueva Granada, Usulután; Radio Victoria, en Santa Marta, Cabañas; Radio Segundo Montes, en Meanguera, Morazán; Radio Suchitlán, en Suchitoto, Cuscatlán.

Estas radios solicitaron los correspondientes permisos en la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Sin embargo, el gobierno de Calderón Sol les negó los permisos y las declaró ilegales. Fue así como en diciembre de 1995, en un operativo policial simultáneo en diferentes puntos del territorio nacional, fue cerrada una veintena de radios comunitarias, acto que constituyó un ataque flagrante a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Ante esto, las radios comunitarias se organizaron y conformaron la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS). Con el financiero de la cooperación internacional adquirieron en el “mercado de concesiones” una frecuencia radial en la banda FM de cobertura nacional, que se fragmentó en las diferentes ubicaciones de cada radio para que todas pudieran transmitir. Y así operan hasta hoy: con las interferencias técnicas y restricciones de cobertura que eso conlleva, pero funcionando como una importante red informativa alternativa con perspectiva contra-hegemónica.

Proceso de democratización
de la comunicación

ARPAS luchó desde su inicio por cambiar las políticas de comunicación y la ley de telecomunicaciones que ilegalizaba a los medios comunitarios, así como para construir un modelo de medios diverso, plural y democrático. Esto fue imposible mientras gobernaba ARENA, ni siquiera era posible colocar el tema en el debate público. Con el cambio político de 2009 se abrió la posibilidad de impulsar propuestas de reformas.

En estos últimos años, ARPAS ha empleado diversas estrategias de incidencia como generar debate público sobre el derecho a la comunicación y la democratización del sistema mediático, a través de foros, talleres, entrevistas, etc. También ha realizado iniciativas legales para cambiar el marco normativo y las políticas públicas del ámbito comunicacional (demandas de inconstitucionalidad, propuestas de ley y solicitudes de auditoría de frecuencias). La Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción ha sido una Institución estatal aliada en este proceso de lucha por la democratización de la comunicación.

Gracias a esta labor de incidencia, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) elaboró una propuesta de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, tomando de referencia la propuesta elaborada por ARPAS. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 6 de mayo de 2016.

Esta reforma es un avance histórico y representa un primer paso en la democratización de las comunicaciones, estableciendo marcos jurídicos y políticas públicas que permitan la construcción de un modelo de medios más diverso, plural y democrático que sustituya al  esquema corporativo, concentrado y excluyente. La reforma reconoce a los medios comunitarios y establece un mecanismo de concurso público distinto a la subasta para la asignación de concesiones sin fines de lucro, resolviendo así una demanda histórica de las radios comunitarias y de las organizaciones populares.

Se hace visible la titularidad pública del espectro radioeléctrico, dado que ahora por ley es la SIGET quien lo tiene que gestionar. Es una forma sutil pero  significativa para revertir el proceso de privatización iniciado en 1997. Hay una nueva clasificación el espectro regulado, incluyendo al uso comunitario. Además, elimina la prórroga automática de las concesiones y establece un procedimiento para su renovación, lo que brinda seguridad jurídica a los medios.

 También incorpora aspectos referidos a las nuevas tecnologías del ámbito info-comunicacional y redefine algunas facultades de la SIGET relacionadas con la liberación de frecuencias, reorganización del espectro y traspasos de derechos de explotación de frecuencias, entre otros.

Por estas cuestiones que hemos resumido, creemos que la reforma moderniza y actualiza el marco jurídico de las telecomunicaciones, incorporándole los primeros estándares democráticos a una legislación caduca que los poderes mediáticos se resistían a reformar.


Radio Bálsamo, es una emisora comunitaria socia de ARPAS y afiliada de ALER.

Este artículo es una síntesis de la documentación del proyecto “Comunicación popular impulsando los derechos de las mujeres salvadoreñas”, formulado por ACUA, Las Mélidas y ARPAS, gestionado por la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi.

­