El pasado 19 de enero, el Juzgado de Paz de Victoria decretó detención provisional contra los líderes comunitarios y defensores ambientales de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), sin argumentar por qué y a pesar de que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas reales de la existencia de los delitos imputados y mucho menos de la participación de los acusados en el supuesto crimen cometido -según la Fiscalía- en septiembre de 1989, en el tramo final de la guerra civil salvadoreña.
A Santa Marta el estado salvadoreño debería pedirle perdón, no perseguirla y criminalizarla. Santa Marta no quiso la guerra, Santa Marta no inició la guerra, Santa Marta no tuvo otro camino que defenderse, no tuvo otra opción que organizarse, frente a la represión del ejército.
Durante la madrugada del pasado miércoles 11 de enero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, miembros de la comunidad Santa Marta, una repoblación integrada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, ubicada en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
A la comunidad nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos de Santa Marta y de la asociación ADES, urgentemente informamos: