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El Salvador vive un momento histórico de grandes desafíos que requieren la actuación decidida de las organizaciones y movimientos populares: grave deterioro ambiental, escandalosos niveles de desigualdad, crisis migratoria, violencia e inseguridad, dependencia alimentaria y otros problemas causados por el modelo neoliberal impuesto por los gobiernos anteriores en los últimos treinta años y que podría profundizarse durante la nueva administración. 

Este modelo capitalista-neoliberal ha provocado una altísima concentración de la riqueza. Según Oxfam, 160 millonarios acaparan 21,000 millones de dólares, equivalentes al 87% del Producto Interno Bruto del país. Esta injusta distribución de los ingresos tiene a la base un esquema de bajos salarios para la clase trabajadora y una estructura fiscal regresiva “donde pagan más quienes menos tienen”, las grandes empresas evaden anualmente 1,500 millones de dólares, una veintena de leyes permiten la elusión y los ricos tienen exentos de impuestos su patrimonio, grandes ganancias y los bienes y servicios de lujo.

Esta regresividad tributaria no sólo incrementa la concentración de la riqueza en pocas manos, sino que también impide al Estado tener recursos suficientes para atender los problemas nacionales y las necesidades de la población; y frente a esta situación los gobiernos han optado por endeudar progresivamente al país adquiriendo préstamos que, en muchos casos, fueron a parar al saco de la corrupción pública y privada. Algunos de estos empréstitos tenían como requisito la aprobación de medidas neoliberales como privatizaciones de activos y servicios públicos, reducción del gasto y medidas de austeridad que afectan más a los sectores vulnerables.

En el ámbito ambiental, el país sufre ya estrés hídrico y más del 90% de los afluentes están contaminados. Los niveles de contaminación del aire y suelo también son altos, así como la deforestación, el deterioro de los suelos y las enfermedades por el uso de agrotóxicos. El Salvador se mantiene como el país con los peores indicadores ecológicos, sólo después de Haití; y esta situación podría agravarse aún más si el actual gobierno autoriza proyectos urbanísticos y de infraestructura de alto impacto ambiental, como el megaproyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, en su afán de “generar inversiones”. A esto se suma la incoherente iniciativa de promover monocultivos como caña de azúcar y palma de aceite para enfrentar el cambio climático.

Tiene grave responsabilidad en la problemática ecológica la Asamblea Legislativa, pues lleva 13 años negándose a aprobar la Ley de Agua. Los/as diputados/as tampoco aprueban la prohibición de los agrotóxicos, la ley de Soberanía Alimentaria y otras propuestas ambientales que duermen el sueño de los justos en varias comisiones parlamentarias. La Asamblea tampoco ha ratificado la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación.

En relación a la seguridad pública, dominan las políticas represivas y la militarización, mientras la prevención de la violencia, la rehabilitación y la atención a las víctimas de la violencia son relegadas. Las causas estructurales relacionadas con la desigualdad, la exclusión y la impunidad siguen sin ser atendidas. Especialmente preocupante es la estigmatización de los/as jóvenes y la violencia feminicida causada por la cultura machista y el dominio de patriarcado. Las mujeres, además, son violentadas en sus derechos patrimoniales, sexuales y reproductivos, a decidir sobre su propio cuerpo y a la interrupción voluntaria de embarazo.

Finalmente, en esta mirada resumida de la situación nacional, el problema de la impunidad: impunidad de la corrupción pública y privada, de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, del crimen organizado y de la violencia pandilleril. Fiscalía y Sistema Judicial necesitan una profunda depuración.

Ante todo, esto surge como una necesidad la unión, coordinación y acción conjunta de los movimientos populares que han venido actuando en forma dispersa, con perspectivas sectoriales y/o temáticas. Se trata de que, en las luchas prioritarias orientadas a resolver problemas estructurales, todos los movimientos populares “cerremos filas”. Se necesita, pues, de una agenda común, una estrategia compartida y una coordinación conjunta.

Esta necesidad es aún más urgente frente al nuevo gobierno que ha retomado una agenda neoliberal más extrema e impone un estilo de gobierno populista, autoritario y demagógico. En estos primeros cuatro meses se ha caracterizado por arbitrariedades y abusos de poder, restringir la libertad de expresión e información, desmontar políticas sociales y volver a la intransparencia y opacidad en la gestión pública. El presidente Bukele utiliza el respaldo social expresado en las encuestas para llenarse de vanidad y soberbia, alimentar su egocentrismo, descalificar las críticas y arremeter contra sus adversarios políticos, en vez de utilizarlo para abordar seriamente los problemas del país y promover los cambios que ofreció.

Por eso, este día, las 179 organizaciones y redes participantes en el II Congreso de Movimientos Sociales acordamos formar la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP), cuyo propósito fundamental es impulsar el desmontaje del modelo neoliberal y promover transformaciones estructurales que favorezcan a la población y conduzcan a la construcción de un país realmente democrático, justo, equitativo, incluyente, pacífico y sustentable.

La CSMP está integrada por representantes de diversos movimientos ambientalistas, feministas, juveniles, de derechos humanos, pueblos indígenas, estudiantiles, campesinos, laborales, religiosos, diversidad sexual, de memoria histórica y de medios comunitarios; e impulsará diferentes estrategias de incidencia para que las instituciones estatales (gobierno central, Asamblea Legislativa, Fiscalía, Sistema Judicial) actúen en función de los derechos y demandas de la población, y no para favorecer los intereses de las élites empresariales, cúpulas partidarias y sectores pudientes, como ha sido históricamente.

En los próximos días la CSMP presentará su plataforma programática, la cual incluirá entre sus apuestas más urgentes la aprobación de una política tributaria progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, la renacionalización del sistema de pensiones, la lucha contra la corrupción, la depuración del sistema judicial, la aprobación de leyes ambientales, políticas integrales de seguridad pública, la democratización de las comunicaciones y los derechos de las mujeres.

Este 12 de octubre, Día de la Resistencia Latinoamericana, que finalizamos el II Congreso de Movimientos Sociales, la CSMP invita a todas las organizaciones, redes y movimientos a unirnos para empujar con fuerza el desmontaje del neoliberalismo y promover la construcción de un país distinto en el que se respeten los derechos de todas las personas, prevalezca la dignidad humana y se asegure el futuro de las nuevas generaciones. Esto lo hacemos inspirados en la valiente gesta que libra actualmente el pueblo ecuatoriano contra el paquete de medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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