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Por Yanuario Gómez

Representantes de los partidos políticos de derecha, que conforman la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, hicieron realidad los temores de varias organizaciones sociales y ambientalistas, así como de la iglesia católica; respecto a entregar en manos privadas la administración del agua al votar a favor de que el sector agropecuario, productivo y municipalidades formen parte del ente rector del vital líquido de la Ley General de Aguas.

Este lunes en la sesión de dicha comisión se estudió el artículo 14 del anteproyecto de marco legal, un punto importante ya que contiene la conformación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente rector de la administración del recurso hídrico en la Ley General del Agua.

En este sentido, varias organizaciones sociales, ambientalistas, iglesia y academia exigían que se retirara de la conformación de la ANA a la empresa privada, por considerarla una seria amenaza de privatización del recurso, algo a lo que la derecha legislativa hizo caso omiso.

Al final de la sesión de trabajo de la instancia legislativa, los diputados de ARENA, PCN y PDC acordaron que el ente rector de la ley quedara conformado por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, UES, municipalidades, Juntas de Agua, sector productivo agropecuario y sector productivo industrial.

Es importante mencionar que el FMLN, votó en contra de dicha integración por considerar que al incluir a una mayoría de entes privados, las decisiones en torno a la administración del vital líquido se dirigirán a beneficiar a las empresas.

“Lamentamos que se esté dando al pueblo salvadoreño un ente rector con mayoría de privados, solamente dejan al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente, hemos insistido en que la garantía del derecho humano al agua solo lo puede dar el Estado y este día se ha cambiado eso”, dijo Dina Argueta, diputada del FMLN.

La parlamentaria consideró que con la aprobación de una conformación eminentemente privada del ente rector de la Ley General de Aguas, la derecha legislativa envía el mensaje a la población de que es más importante la empresa privada que los derechos humanos.

Argueta expuso que en el caso de las municipalidades, en la redacción del artículo se establece a la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), un ente de naturaleza privada.

“Para nosotros el ente rector debía tener participación ciudadana, en su mayoría instituciones públicas, además de la Universidad Nacional y una representación de la ciudadanía organizada a través del Consejo Nacional del Agua”, mencionó Argueta.

 

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